La Justicia decretó la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, tras el pedido de la firma ante la imposiblidad de poder afrontar las deudas económicas.
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La Justicia declaró la quiebra de SanCor
La firma enfrenta una deuda de 120 millones de dólares.
La resolución fue dictada por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela.
La quiebra de SanCor
La cooperativa, que enfrenta una deuda de unos 120 millones de dólares, admitió en su presentación que no estaba en condiciones de afrontarla ni de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores.
Esta situación redundó en el fracaso del proceso de concurso preventivo iniciado en 2025.
El fallo judicial explicó que ese reconocimiento de la cooperativa implica directamente el fracaso del proceso preventivo y habilita la declaración de quiebra.
En ese sentido, observó que la situación encuadra en una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.
A lo largo de su resolución, el juez describió un deterioro sostenido que se profundizó incluso durante el propio concurso.
La cooperativa no solo no logró ordenar su situación, sino que siguió generando deuda en forma constante.
Según el expediente, el pasivo postconcursal crecía a un ritmo cercano a $3000 millones por mes, mientras que la actividad no generaba ingresos suficientes para cubrir los costos.
En ese marco remarcó que la situación no es transitoria. “La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”, dijo.
Impacto en la industria láctea
Al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba más de $12.788 millones en salarios adeudados, más de $6349 millones de deuda impositiva y previsional, y más de $13.313 millones de deuda comercial, entre otros rubros. A eso se sumó el pasivo del concurso con deudas por más de US$ 86 millones.
Pese a la quiebra, el juez dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria.
La continuidad se va a limitar a las plantas que hoy están en funcionamiento, sobre todo aquellas que trabajan bajo contratos de fasón u otros esquemas similares, siempre que no impliquen generar más deuda.
El objetivo es sostener la actividad en lo posible mientras avanza el proceso judicial.
En su momento, el gremio Atilra había solicitado la quiebra con la continuidad de la explotación para mantener el trabajo de los empleados.
Según se explicó en la resolución judicial, mantener la operación tiene sentido por el impacto que tendría un corte total.
La interrupción “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”, esgrimió el Poder Judicial.
En paralelo, el fallo planteó que la salida va a ser la venta de la empresa o de sus partes. Para eso se analizará la enajenación de las unidades productivas, ya sea juntas o por separado, mediante un proceso de licitación.