El Gobierno nacional declaró formalmente el estado de "emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 1° de mayo de 2026 y hasta el 31 de octubre de 2026, a las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación en el partido de Nueve de Julio y para las circunscripciones II, III, IV y XII del partido de Necochea.
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El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en 9 de Julio y Necochea
La medida otorga facilidades fiscales y crediticias para las explotaciones afectadas.
Lo hizo mediante la Resolución 1850/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
Emergencia agropecuaria
La norma contempla que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos ante esta situación.
La medida otorga prórrogas impositivas y facilidades crediticias ante los anegamientos rurales.
Según la norma, la homologación nacional responde a la presentación realizada por la provincia de Buenos Aires mediante el Decreto 1270.
La convalidación del Poder Ejecutivo nacional se concretó a casi dos meses de que el gobierno de Axel Kicillof declarara la emergencia agropecuaria y apenas cinco días antes de que finalice el período declarado por el gobierno bonaerense.
Esta decisión es indispensable para activar los mecanismos de alivio fiscal.
Para acceder a los beneficios de la norma, el articulado establece que los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos.
Asimismo, la reglamentación dispone que el Gobierno Provincial remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados.
Procedimiento operativo
Uno de los puntos centrales de la resolución es la fecha de cierre del ciclo productivo para las explotaciones incluidas.
Economía determinó que será el 31 de octubre de 2026, en línea con lo establecido en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto reglamentario 1712, del 10 de noviembre de 2009.
Para acceder a la asistencia, los productores deberán cumplir con un requisito administrativo específico: deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires, en el que conste que sus predios o explotaciones están comprendidos en los casos previstos por el artículo 8° de la ley 26.509.
El documento será la acreditación necesaria para tramitar los beneficios.
El reconocimiento de la emergencia no reemplaza la presentación del certificado, sino que establece el marco para que los productores alcanzados puedan gestionar la asistencia correspondiente.
La resolución también asigna responsabilidades al gobierno bonaerense: la administración provincial deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, junto con una copia de los certificados de emergencia emitidos por la autoridad competente.
A su vez, el Palacio de Hacienda dispuso que las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas y ARCA adopten las medidas necesarias para que los productores comprendidos puedan acceder a los beneficios contemplados en los artículos 22 y 23 de la ley.
Se establece expresamente esa obligación para las instituciones financieras y el organismo recaudador.
La instrumentación de las medidas apunta a hacer efectiva la asistencia prevista para las explotaciones alcanzadas por la declaración.
Además, se instruye al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar los convenios y actos necesarios para ejecutar la medida, dentro de las competencias de esa dependencia.
La declaración nacional se produjo después de que la provincia de Buenos Aires presentara el decreto 1270/2026 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, durante la reunión realizada el 8 de octubre. Tras analizar la documentación, el organismo recomendó avanzar con el reconocimiento para las zonas afectadas, con el alcance solicitado por Buenos Aires.